Las cifras policiales oficiales indican que durante los últimos meses la cantidad de asesinatos registrados en El Salvador ha disminuido en aproximadamente 50 por ciento. Esto es especialmente significativo considerando que un informe elaborado por Naciones Unidas, publicado el año pasado, ubica a dicho país como el segundo más violento del mundo.  No obstante, atrás del aparente logro se identifican elementos que pronostican una crisis en el aparato de seguridad gubernamental del país centroamericano.

La reducción en homicidios antes mencionada se deriva de una brumosa iniciativa que implicó negociar el cese de hostilidades entre las principales pandillas rivales que operan en El Salvador, pacto desarrollado bajo condiciones desconocidas y mantenidas en total secreto por el Estado. El decremento, por lo tanto, no es el resultado del fortalecimiento del sistema de justicia penal o de la ejecución de una estrategia integral implementada para controlar la criminalidad, sino que está en función de la buena voluntad de las estructuras delictuales por mantener un acuerdo ajeno a la institucionalidad estatal.

Contrario a la interpretación ordinaria que provocaría una reducción tan acentuada en la incidencia de homicidios, la fuerza policial salvadoreña está en su peor momento. El Gobierno, en medio de una crisis fiscal, mantiene al personal policial trabajando en condiciones precarias, según consta en diferentes reportajes periodísticos publicados el año pasado, con equipo e instalaciones deterioradas. La falta de liquidez del Ejecutivo también lo ha llevado a retrasar varios meses el pago de los salarios complementarios devengados por policías, quienes denunciaron públicamente la situación a finales del 2012.