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La barbarie venezolana

El año comenzó con eventos que conmocionaron al mundo y llamaron a reflexionar sobre seguridad, radicalismo y civilización. Venezuela no fue inmune al contexto internacional. El 31 de enero de 2015, Caracas difundió una nota de pesar por el asesinato del periodista japonés Kenji Goto. En tres párrafos, el presidente Nicolás Maduro condenaba “enérgicamente” su decapitación. En las últimas líneas ratificaba que su gobierno abogaba "por el respeto a la vida y la tolerancia”. 

Esto en un país que cerró 2014 como el segundo con mayor homicidios de la región, 82 por cada 100 mil habitantes (24.980 personas), según el reporte del Observatorio de la Violencia, ONG venezolana que monitoriza el tema en el país. El único “balance” oficial del gobierno venezolano al respecto fue el dado por la ministra de Interior y Justicia, Carmen Meléndez, quien el 5 de enero se limitó a decir que la tasa de homicidio en el país “ha bajado, un poco”. 

En la primera semana de enero, en la principal morgue de Caracas ya contabilizaban el ingreso de 100 cadáveres para 2015, según la prensa nacional. Una semana cualquiera en la capital nacional. 

Las cifras pueden transmitir la gravedad de la situación venezolana, pero no el día a día de un país cuya cotidianidad fue transfigurada. Restaurantes y lugares nocturnos modificaron sus horarios y comenzaron a operar con detectores de metales en las puertas para evitar el ingreso de armas. Carteles prohibiendo el porte de pistolas proliferan por todas partes, como si estar armado fuese algo normal. Caminar se ha vuelto un deporte de riesgo, y el territorio nacional es una zona roja, donde estar vivo es un regalo divino o un exceso de suerte.

En 2014, el ministro de Interior y Justicia Miguel Rodríguez afirmaba que 76 por ciento de los muertos en el país eran criminales, lo que es un gran absurdo para quienes pierden familiares a manos del hampa, o debería ser alarmante para un gobierno que estaría tácitamente reconociendo que el país se volvió escenario de una guerra de pandillas sin precedentes en la región. 

Pero la violencia es apenas uno de los problemas de Venezuela. El desplome de los precios del petróleo—que paga el 95 por ciento del gasto nacional—ha puesto en aprietos a una gestión que ya tenía suficientes dificultades monetarias. Con tres trimestres en recesión, una moneda cuyo valor real es 30 veces menor al oficial, una inflación de 63,6 por ciento hasta noviembre de 2013, y un tercio de los productos básicos escaseando, los venezolanos están, literalmente, en economía de guerra. No sólo el dinero no alcanza, sino que mismo si sobrase, conseguir comida, medicinas o productos de primera necesidad se convirtió en un trabajo, y remunerado. 

Saqueos, enormes filas, peleas en los supermercados y sistemas de racionamiento son imágenes habituales, normales, desde hace más de un año en la primera reserva petrolera del mundo. El asunto ha generado todo tipo de anécdotas: personas en rapiña por pollo, peleas por harina de maíz, discusiones éticas sobre si robar o no televisores pantallas planas, invasiones en farmacias y estampidas para vaciar las estanterías, entre otras. 

La respuesta gubernamental ha sido parecida a la dada frente al tema social: además de ocultar las cifras económicas, el presidente de la república, Nicolás Maduro, ha responsabilizado a Estados Unidos y a cualquier otra nación de complots, intentos de golpe de estado, y claro, una “guerra económica”. 

Presionado por la caída de más de 70 por ciento de los precios del petróleo, instó al país a mantener la calma porque “Dios proveerá”. Suponiendo que se refiera a la Iglesia católica, es posible pensar que Venezuela esté en serios problemas, considerando que durante una década, su antecesor Hugo Chávez, calificó a los jerarcas del clero de “estúpidos”, “demonios”, “vagabundos”, “retardados mentales”, “bandidos”, “sinvergüenzas”, “maleantes”, “trogloditas”, entre otros epítetos

Y no por falta de fe, mas tal vez por falta de comida, medicinas, seguridad, dinero y calidad de vida, el país protesta, problema al que el gobierno sí ha dado una rápida solución: en enero de 2015, el Ejecutivo publicó en Gaceta Oficial la resolución 008610 que autoriza al ejército a “aplicar el método del uso de la fuerza potencialmente mortal, bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal” ante la “creación de una situación de riesgo mortal”. 

Con la aclaratoria de que el uso de la fuerza militar debe ser proporcional y diferenciado, respondiendo al comportamiento de la protesta y los manifestantes, el Ejecutivo, en dos platos, dio luz verde a los efectivos militares a ponderar como responder en casos de conflicto. Una medida que ni siquiera el fallecido Hugo Chávez, formado en el seno castrense, se atrevió a firmar durante los meses más duros de su gestión: entre 2002 y 2003, cuando miles de personas se mantuvieron en las calles generando dramáticas paralizaciones económicas e incluso, exigiendo su salida del poder por 72 horas.

El mismo gobierno que predica la tolerancia en el plano internacional, prohibió a los expresidentes Sebastián Piñera (Chile), Felipe Calderón (México) y Andrés Pastrana (Colombia) de visitar al exalcalde Leopoldo López, opositor detenido hace más de un año en una cárcel militar, acusando a los exmandatarios de formar parte de “un grupo terrorista de ultraderecha, financiado por el narcotráfico colombiano.”

“Barbarie” es la palabra que se repite en los artículos publicados sobre Venezuela en lo que va del año. Sin estar en una situación de conflicto bélico, el país de más de 2 mil kilómetros de costa Caribe, reservas energéticas y 30 millones de hectáreas cultivables funciona bajo una lógica barbárica donde el más fuerte gana un kilo de pollo, y el más armado vive, por lo menos hasta mañana.

*Paula Ramón is a contributing blogger for AQ Online. She is a Venezuelan journalist based in Brazil.

Any opinions expressed in this piece do not necessarily reflect those of Americas Quarterly or its publishers.
Tags: Venezuelan economy, Nicolás Maduro, Venezuelan Protests

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