Decidir sobre nuestro cuerpo, un derecho inacabado en México

En los últimos seis años de gobierno panista bajo la dirección del Presidente Felipe Calderón, 16 estados de 32 entidades federativas que conforman México han cambiado sus constituciones locales para defender la vida humana desde el momento de la concepción.

La Constitución mexicana salvaguarda el derecho de las mujeres y de las parejas a decidir sobre el número y espaciamiento de las y los hijos, por lo que las recientes enmiendas de las constituciones locales devienen inconstitucionales, incluso ante la prohibición del uso de la píldora del día después y la fertilización in vitro.

La propuesta del ministro Fernando Franco de declarar fuera del marco de la Constitución general mexicana estas reformas estatales, ha despertado un gran debate en el que han tomado partido varias figuras públicas de alto nivel y defensores de derechos humanos como José Narro, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, máxima casa de estudios en México o del ombudsman nacional, Raúl Plascencia.

Sin menospreciar las declaraciones del propio jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, quien se ha manifestado –profusamente y en repetidas ocasiones—en favor del respeto a la libre decisión de las mujeres sobre su cuerpo, la arenga pública ha advertido que este tipo de prohibiciones pone en entredicho el Estado laico. Pocas naciones en el mundo pueden presumir de esta condición que a México le costó varias guerras y muertes entre los siglos diecinueve y veinte en aras de construir una nación fuerte y democrática.

Pero en este periodo aciago que México vive y la llegada de mentes conservadoras a puestos de poder han inclinado la balanza para que nuestro país se hunda más en el oscurantismo. Tras haber sido durante décadas una nación que mantenía un respetado liderazgo en América Latina, actualmente México—con niveles de desempleo superiores a los vistos en los periodos de crisis, con tasas de crecimiento a la baja durante los últimos 10 años, y en donde se ha recrudecido la violencia contra las mujeres (feminicidio)—se pone a la vanguardia en un afán irrevocable por volver a la ignorancia.

Infortunadamente para los momentos preelectorales que vive el país, los avances logrados por los gobiernos priístas son los únicos puntos de comparación a nivel nacional. No obstante, desde lo local, es posible certificar que la voluntad política de algunos gobernantes hace la diferencia en esta vorágine que nos arroja al pasado. Tales han sido los gobiernos de izquierda que han estado al frente del Distrito Federal desde la década de los noventa.

Las bases puestas por Rosario Robles en el 2000, durante su periodo como primera Jefa de Gobierno del Distrito Federal, han dado la oportunidad a cientos de mujeres de tener acceso a un aborto seguro (más de 15 mil sólo en 2011), sin temor por su salud, su vida o su seguridad. 

El reciente revés orquestado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a pesar de la álgida defensa de algunas magistradas y magistrados para declarar anticonstitucional la maniobra derechista, deja indefensos a miles de mujeres cuya última opción está en la decisión del aborto.

El fallo judicial a favor del “respeto a la vida desde la concepción”—entiéndase al cigoto, reformas avaladas en la mayoría de los congresos locales por legisladoras y legisladores priístas, además de panistas y de otros partidos minoritarios; deja muy en claro que este 52 por ciento de la población aún tiene mucho por avanzar hacia su autonomía.

Esta decisión, basada en los derechos humanos, a las mujeres nos hace menos personas que a los hombres, toda vez que persona es en tanto se cuente con autonomía física (derecho a decidir sobre nuestros cuerpos), económica (derecho a decidir sobre nuestros ingresos) y política (derecho a decidir por nuestras leyes y gobernantes).

Causa un dolor profundo que el vientre de las mujeres siga siendo rehén de los hombres, del patriarcado, del machismo, de los dueños de los bienes. Como en las peores épocas del oscurantismo.