Environmentalism and Rural Amazonian Communities

Please find the original text below, submitted in Spanish.

Two years ago the global community gathered in Copenhagen for the United Nations Climate Change Conference. Expectations of significant climate progress are still high, but various challenges remain before achieving the extension of the Kyoto Protocol in 2012—and Indigenous communities in Peru are caught in the middle. The United Nations hopes a legally-binding agreement can be signed next year that would cap carbon emissions of developed countries and create a fund to finance these reforms.

The creation of a market to regulate carbon credits also is necessary, and here’s where Peru’s Indigenous community comes in. The world’s forests—areas inhabited in Peru by the Indigenous—play critical roles in the planet’s climate water cycles and whoever protects these forests has a huge responsibility. This is why the United Nations Collaborative initiative on Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation (UN-REDD) proposes initiatives that will reduce carbon emissions.

Peru was accepted to the Fondo Cooperativo de Carbono de los Bosques (Forest Carbon Partnership Facility—FCPF) that designs and implements the UN-REDD schemes in developing countries. As a contingent of its membership, Peru must map out a Readiness Plan Idea Note (R-PIN, see example) that outlines the feasibility of how the state will implement UN-REDD initiatives.

As Peru looks to institute laws that regulate carbon emissions, the government is engaging the Indigenous communities of the Amazon basin, which possess large swaths of woodland. These consultations are particularly meaningful because Indigenous populations have historically faced great challenges in getting a seat at the table with the authorities.

Groups like the Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Interethnic Development Association of the Peruvian Forest—AIDESEP) assist Indigenous groups with negotiations. In one case, AIDESEP noticed that the local communities didn’t have the adequate tools to take advantage of the UN-REDD benefits, especially as Peru is trying to enforce payment schemes for environmental services. This payment is particularly important as it can subsidize a way of life that preserves Indigenous communities’ cultural values and prevents them from having to grant access to their land to lumber companies and others.

Currently, projects are mediated by the relationship between companies interested in carbon trade and nongovernmental organizations (NGOs) that provide technical assistance for projects in Indigenous and peasant communities. On behalf of the local communities, groups like AIDESEP have demanded  multiple rights: respect for the territorial rights of Indigenous communities who don’t possess a title over their land; a larger participation in decision making; the creation of UN-REDD negotiation scenarios in every region parallel to those prepared by Peru’s environment ministry; previous consultation of affected Indigenous communities; the territorial reorganization of non-titled land; and no pressure for Indigenous communities to accept concessions.

Ambitious environmental projects that tackle climate change require a great deal of effort. Given the consequences, everybody is a stakeholder, whether in the public, nonprofit or private sectors. Accordingly, it is critical that businesses put forward institutionalized proposals that involve local populations in the carbon trade market. Indigenous groups would welcome any initiative that seeks an inclusive consensus to address this problem.

Los ecosistemas y las comunidades rurales amazónicas

Desde la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de Copenhague (COP XV 2009) quedaron pendientes varios retos como tarea a concretar en camino a la realización del protocolo de Kyoto 2012. Se espera que para ese momento se pueda elaborar un acuerdo jurídico vinculante con respecto a las emisiones de carbono de los países desarrollados, se logre una pauta para los países en desarrollo sin perjudicar el medio ambiente y reduciendo la deforestación y se cree un fondo para financiar estos cambios. Además, se debe concretar el establecimiento de un mercado regulado de créditos de carbono.

Los bosques cumplen ciertos servicios, a nivel de ciclos de agua o a nivel de ciclos de clima, etc. como parte de su rol dentro de los ecosistemas en general. Estos roles nunca habían sido valorados económicamente, sin embargo, plantear la necesidad de decir que un bosque no solamente es el capital natural que se puede extraer y puede comercializar sino que también se debe considerar el valor que tiene el bosque en pie, le otorga mayor valor al “ser” responsable de cuidar el bosque para que siga produciendo los beneficios que brinda un ecosistema. Los proyectos de la Iniciativa Colaborativa de Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) se ubican dentro de este contexto como alternativas de reducción de las emisiones de carbono.

Las comunidades amazónicas del Perú, poseedoras de grandes extensiones de territorio ancestral de bosques actualmente se ven involucradas en este nuevo panorama: el de estar incluidos dentro del proceso de establecimiento de las normativas regionales y nacionales para los proyectos de pagos por servicios ambientales. Con experiencias negativas en la utilización de sus bosques cuando de por medio deben llegar a acuerdos con las autoridades estatales o con la intervención del pueblo nacional; las comunidades amazónicas enfrentan el reto de adecuarse a estos procesos. El Perú postuló con éxito al Fondo Cooperativo de Carbono (FCPF) que apoya el diseño e implementación de esquemas REDD+ es países en vías de desarrollo y actualmente se realizan reuniones conclusivas para la finalización del documento preparativo del “Redness.” En este documento se determinarán las bases científicas para la evaluación de los procesos de deforestación, el marco institucional y legal para la implementación de actividades REDD, la viabilidad económica de los proyectos a nivel nacional y sub nacional (por proyectos en cada región) y las aptitudes y capacidades para negociar la posición nacional frete a las convención del cambio climático.

Esta situación despertó el interés de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) cuando en pleno proceso se advirtió que ya se venían preparando proyectos con comunidades indígenas que no contaban con la información necesaria para poder negociar las ventajas que las estrategias REDD pueden brindar a las comunidades. Desde una perspectiva de los beneficios que pueden generar estos proyectos, cabe la posibilidad que en último término los fuertes cambios culturales productos del choque entre la economía de subsistencia y la de mercado encuentren una salida favorable para los pueblos indígenas en el mediano plazo. Si se logra que los proyectos de pagos por servicios ambientales puedan subvencionar un modo de vida que conserve los valores culturales de las comunidades y el poblador indígena no se vea obligado a deforestar con prácticas predatorias como obrero de medianos y grandes madereros ilegales. Esto se da a causa de la necesidad de acceder a ingresos económicos que le permitan complementar su economía familiar.

Actualmente el acceso a los proyectos está mediado por relaciones entre empresas interesadas en la compra de créditos de carbono y algunas organizaciones no gubernamentales (ONGs) que brindan la asesoría técnica para proyectos en territorios de comunidades indígenas y campesinas. Estos proyectos enfocados dentro de la perspectiva ecosistémica tratan de pensar en el desarrollo local como impulsor de las estrategias de pagos por servicios ambientales. Sin embargo, otras iniciativas  individuales se adentran en las comunidades para asegurar las concesiones de bosques sorprendiendo a líderes indígenas, mucho antes de tener el mercado regulado de carbono. A la larga estos llamados “carbon cowboys” generarán un mercado especulativo donde los que se verán poco beneficiados serán los pueblos indígenas. AIDESEP en sus últimas propuestas para dar impulso a estas políticas de pagos por servicios ambientales (que el estado periféricamente alienta) han exigido el respeto de los derechos territoriales de los pueblos indígenas que no cuentan con titulación, un mayor nivel de participación dentro de la esfera de las decisiones, crear mesas REDD indígenas que funcionen en las regiones de forma paralela a las que organiza el ministerio del ambiente con la sociedad civil, la consulta previa a las poblaciones involucradas, el saneamiento territorial de las áreas no tituladas, el que no se presione a los territorios tradicionales indígenas para concesiones REDD y el adecuar de manera intercultural todo el proceso.

En este contexto las organizaciones indígenas buscan ser incluidas dentro de la preparación de las normativas para las estrategias de pagos por servicios ambientales. De la misma forma se puede resaltar la importancia de las iniciativas empresariales que buscan adecuarse a propuestas serias, institucionalizadas y con participación de la población local en la búsqueda de créditos de carbono. Los proyectos de pagos por servicios ambientales pueden convertirse en una forma más de abordar los pasivos ambientales y la falta de acceso a recursos de las comunidades rurales del Perú, si se llega a un consenso inclusivo y que incentive la inversión institucionalizada en la preparación de estos proyectos. Queda entonces una tarea dura para las organizaciones y velar por sus derechos, para el estado peruano quien controle estos procesos y; para las empresas, interesadas en la compra de créditos de carbono, queda la tarea de alentar con su participación informada la conformación de procesos serios y con adecuadas políticas de inclusión y respeto a los comunidades rurales.