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La guerra política detrás de la Ley de Medios

January 7, 2013

by Jenny Manrique

Desde hace más de un año, la población argentina asiste a una batalla jurídica y mediática que se libra en los estrados, en las calles y, cómo no, en los medios, por la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, promulgada en el 2009, en la que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se viene jugando todo su capital político.

La llamada Ley de Medios, que derogó una antigua legislación que databa de la dictadura, ha sido destacada por sus simpatizantes dada su construcción democrática, ya que para la redacción de sus 166 artículos se realizaron 23 foros y 80 conferencias con integrantes de la sociedad civil.

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“Es un proceso inédito porque el proyecto de ley se discutió horizontalmente, trabajamos por consenso y logramos que 21 puntos que debatimos en el seno de nuestra organización fueran incluidos en la ley”, asegura a Noticias Aliadas, Néstor Piccone, miembro de la Coalición por una Comunicación Democrática, que agrupa a 300 entidades desde sindicatos hasta organizaciones de la sociedad civil, pasando por radios comunitarias, pequeñas y medianas empresas, pueblos originarios, cooperativas de servicios, universidades, y grupos de género y de personas con discapacidad, a lo largo y ancho del país.

Los detractores de la ley están principalmente en aquellos grupos mediáticos afectados por las medidas de desmonopolización, que en síntesis buscan que nadie concentre el uso de licencias, es decir, que un mismo concesionario pueda ser dueño como máximo de una señal satelital, hasta 10 señales sonoras, de televisión abierta o cable, y hasta 24 licencias de radiodifusión por suscripción.

El grupo Clarín, el conglomerado mediático más grande del país, que actualmente cuenta con 237 licencias en total, sería uno de los primeros que se vería obligado a devolver las licencias. Por ese motivo demandó el 1 de octubre del 2009 ante la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley: el 45° que fija todo tipo de prohibiciones y limitaciones a la propiedad cruzada de distintos tipos de medios de comunicación, y el 161° que establece el plazo de un año para adecuarse a la nueva norma.

La Justicia otorgó el 26 de octubre de ese mismo año una medida cautelar al grupo—otrora aliado del matrimonio Kirchner durante el mandato del fallecido ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007)—para que pueda conservar sus licencias, por lo menos hasta que el juez de primera instancia, Horacio Alfonso, dictara sentencia. Tras una avalancha de decisiones judiciales casi diarias, Alfonso declaró el 15 de diciembre la constitucionalidad de la ley y el conglomerado enfiló su artillería jurídica para apelar. Ahora el Poder Judicial decidió no tomarse vacaciones en enero para responder a la demanda de Clarín.

Ley con nombre propio
“Mientras pretende aplicar radicalmente el texto de la ley al grupo Clarín, el gobierno de Cristina [Fernández de] Kirchner está siendo sumamente laxo con el resto de los grupos de medios, a los que les permite infringir distintos aspectos de la norma o permitirles un cumplimiento meramente simbólico”, asegura a Noticias Aliadas el periodista José Cretazz, docente de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y jefe de información del diario La Nación.

Cretazz cita casos como el de Telefónica de España, que de aplicársele la ley no podría conservar la cadena de televisión abierta Telefe porque ya tiene en Argentina una empresa de servicio público, Telefónica de Argentina, que es incompatible según el nuevo marco regulatorio. Tampoco podría el empresario mexicano Ángel Remigio González conservar Canal 9 y FM Aspen, dado que los extranjeros no pueden controlar más del 30% de las acciones de una firma licenciataria de medios.

Por su parte, Martín Sabbatella, presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), instancia creada para hacer cumplir la ley, aseguró en diálogo con Noticias Aliadas que aunque falta la aplicación integral, por la medida cautelar del grupo Clarín, “esta no es una ley para un grupo en particular”.

“Hay quienes quieren mantener sus privilegios y su posición dominante por encima del Estado y ahí actuaremos forzosamente. Unos 14 grupos de 21 tienen un plan voluntario de adecuación y decidiremos uno por uno qué pasa con las licencias, vamos a respetar todos los puestos de trabajo y lo vamos a poner en los pliegos licitatorios," aseguró el funcionario, quien explicó que una vez que el Estado actúe de oficio, un tribunal de tasación debe seleccionar las licencias que se van a licitar, abrir las convocatorias, hacer un registro de oferentes, adjudicar los nuevos titulares y finalmente hacer el traspaso.

Los otros retos de la norma
El 7 de diciembre (7D), día que durante más de dos meses se estuvo promocionando como la gran batalla final en la que el Estado actuaría de oficio, finalmente no pasó nada. La justicia amplió la medida cautelar a Clarín y la celebración del oficialismo se tuvo que trasladar para el 9 de diciembre, un día de múltiples conmemoraciones: 29 años de democracia, quinto año de gobierno de la presidenta Fernández y la víspera del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Las calles aledañas a la céntrica Plaza de Mayo se llenaron de militantes políticos afines al peronismo, quienes no pudieron gritar por la caída del grupo Clarín pero lanzaron arengas contra el Poder Judicial, declarando el 7D “día nacional de la vergüenza ajena."

“Es una vergüenza que la justicia no le dé la razón al pueblo," dijo indignada una mujer perteneciente al Movimiento Evita, que no se identificó.

En línea con los reclamos, la presidenta Fernández de Kirchner dio un discurso al cierre de la jornada festiva y lanzó frases como: “Es necesario que la independencia [de la Justicia] no sea sólo del poder político, sino de las corporaciones (…) Cuando a algunos les fallan los fierros mediáticos, intentan construir fierros judiciales para poder tumbar a un gobierno."

Y en este panorama de rivalidad, pareciera que la devolución de las licencias de Clarín fueran el gran reto de la ley, y sin embargo hay cuestiones más de fondo.

“Nosotros queremos ser custodios de la ley, porque los sectores que ganaron nuevos derechos no están organizados y todavía no es muy claro cómo se van a coordinar sus demandas," reconoce Piccone.

La mayor preocupación para Piccone radica en que no hay claridad sobre la forma como se hará el nuevo sistema de financiamiento de medios, pues si se deja a las reglas de mercado, “los recursos del sector privado van destinados a las grandes empresas y las nuevas empresas que nazcan deben ser autónomas y no del Estado."

Régimen especial
Para Martín Becerra, investigador y doctor en comunicación, “la ley está escrita con base en las grandes ciudades argentinas y no está redactada pensando en localidades chicas, donde la oferta es limitada."

Ejemplo de ello son las 200 ciudades donde dejaría de operar la señal de cable Cablevisión, de propiedad de Clarín, cuando tenga efecto la desinversión del conglomerado. No están claros ni los pliegos licitatorios ni los oferentes y hay temor de que se repita lo que sucedió con Fibertel, también de Clarín, cuya licencia para operar internet caducó en agosto de 2010 y no ha sido posible darle de baja porque no hay quien ocupe ese lugar.

La asignación del 33% del espectro a las organizaciones sociales —la ley establece que los otros dos tercios serán para el Estado y para la empresa privada— si bien abre la puerta para que, por ejemplo, en virtud del artículo 151 se exima de licitaciones y pliegos a los pueblos originarios para operar en frecuencias AM, FM y en televisión abierta, o del 49, que establece un régimen especial para emisoras de baja potencia, con asignación directa, también preocupa por la discrecionalidad con que se entreguen esas licencias y si la línea editorial puede quedar comprometida.

Wall Kintun TV, el primer canal de televisión de los pueblos indígenas mapuche, coya y qom, que salió al aire precisamente el 7D por el Canal 2 de Bariloche, emitió como primer programa un documental de la vida de Néstor Kirchner, lo que fue visto con recelo por sectores opositores.

“La ley debe analizarse desde el uso de la pauta oficial para premiar o castigar los medios periodísticos según su línea editorial”, apunta Cretazz. “En este contexto falta una ley de acceso a la información [hubo un proyecto cuyo tratamiento el kirchnerismo rechazó en noviembre último en el Congreso] para ciudadanos y periodistas."

Y es así como la puesta en marcha de la Ley de Medios, que ha sido calificada por el relator para Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, Frank La Rue, como “un modelo para todo el continente," se convirtió en el ring de boxeo para políticos y empresarios, cuya pelea inconciliable se ha convertido en una suerte de causa nacional.

Este artículo fue publicado originalmente en http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=6760

*Jenny Manrique es una bloguera contribuidora para AQ Online. Ella es una periodista colombiana que ha escrito para medios como Semana, Votebien.com, El Espectador, Latinamerican Press y Folha de São Paulo. Actualmente trabaja como periodista freelance. Su cuenta de Twitter es: @JennyManriqueC.

Tags: Argentina, Ley de Medios, Clarín, Cristina Fernandez de Kirchner

To speak with an expert on this topic, please contact the communications office at: communications@as-coa.org or (212) 277-8384.
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