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El limbo de la prisión preventiva en América

When

March 4, 2013

Details

On Sunday, Colombian publication El Tiempo published a Spanish version of Richard M. Aborn and Ashley D. Cannon's Winter 2013 article for Americas Quarterly, "Prisons: In Jail But Not Sentenced." Aborn, president of the consulting firm CAAS LLC, explains the consequences of Latin America's high pretrial detention rates and says that reforming Latin America's prison systems requires implementing simple changes such as better record-keeping to streamline the flow of cases, studies that analyze what delays cases from moving to trial, and the development of threat assessment tools that allow the release of prisoners who pose a low risk of flight or harm.

To read the original article in English, click here.

El limbo de prisión preventiva en América

Por Richard M. Aborn y Ashley D. Cannon

Entre el 10 y el 40 por ciento de los presos en el continente no están condenados.

A pesar de que los derechos a la libertad, la seguridad y la igualdad ante la ley son los pilares de los sistemas judiciales de todos los países de América, la prisión preventiva se está utilizando en una tasa entre dos y cinco veces superior al promedio internacional.

Aunque la detención previa a juicio tiene un propósito importante en el proceso judicial, su uso excesivo y arbitrario atrapa a personas inocentes en un limbo legal, forzando la capacidad de las ya superpobladas prisiones y socavando el respeto hacia el sistema de justicia penal.

En la mayoría de los países del continente, entre el 10 y el 40 por ciento de toda la población encarcelada se encuentra tras las rejas sin una condena. La proporción más alta de detenidos en espera de juicio entre la población total de presos la tiene Bolivia (83,6 por ciento), seguida de Paraguay (71,2 por ciento), Haití (67,7 por ciento), Venezuela (66,2 por ciento) y República Dominicana (64,7 por ciento).

En la mayoría de estos países, la ley les exige a las autoridades que presenten al individuo arrestado ante un funcionario judicial entre las 24 y las 72 horas posteriores a su detención. Si el acusado no recibe la libertad provisional bajo palabra o no puede pagar la fianza, es muy posible que pase meses detenido mientras se resuelve su caso.

Resulta devastador que en algunos países (incluyendo a Bolivia, Argentina, Panamá y Paraguay) los informes de las organizaciones de derechos humanos y de los gobiernos reporten que los detenidos pueden pasar largo tiempo presos, esperando incluso a que se presenten cargos en su contra.

Read the rest of the article here.

Lea una versión completa en español aquí.

Click here to watch an AQ Q&A video interview with Richard M. Aborn.
 




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