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AQ Feature

Uruguay vuelve a ganar. ¿Por qué?

Una vez más, Uruguay es considerado el país más inclusivo de América Latina según la encuesta anual de AQ. ¿Qué debería hacer el resto de la región para seguirlo?
Uruguay
PANTA ASTIARAN/AFP/GETTY

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Un pequeño país incrustado entre dos vecinos más grandes se ha quedado con el primer puesto del Índice de Inclusión Social de Americas Quarterly por tercer año consecutivo. Entonces hay que preguntarse: ¿por qué Uruguay sigue acertando?

Simple y llanamente, el país hace un mejor trabajo que sus colegas protegiendo a las personas sin importar su género, orientación sexual o raza. Las leyes progresistas de Uruguay, como la de 2013 que legaliza el matrimonio igualitario, ayudan, pero no son el único factor. Los uruguayos le dan una gran importancia a la inclusión y la posición tan alta de su país en el ranking se debe en buena parte a que ofrece mayor acceso a vivienda y general empleo y crecimiento económico.

Uruguay goza de “un profundo respeto por el estado de derecho y de una fuerte tradición democrática, (lo que) crea un campo fértil para promover la individualidad y la equidad para todos”, le comentó a AQ Michelle Suárez Bértora, una activista quién es además la primera persona transexual elegida a un cargo público.

Entre tanto, muchos países medidos en el índice siguen enfrentando problemas. Los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Honduras y Guatemala), así como Nicaragua, carecen de protección a derechos básicos y de acceso a trabajos y vivienda, mientras que combaten tasas altas de pobreza y un crecimiento económico bajo.

Con distintas historias y realidades diarias, vale la pena preguntarse si es un ejercicio justo comparar un país como Uruguay con uno como Honduras. Creemos que la respuesta es que sí. Ahora en su quinto año, el Índice de Inclusión Social crea otro punto de referencia para la región que va más allá de simplemente el crecimiento del PIB. También esperamos que el índice pueda servir como una guía para los encargados de las políticas públicas, las agencias multilaterales y demás que estén trabajando en promover medidas inclusivas y que se enfoquen en poblaciones vulnerables.

Basándonos en lo que sabemos de Uruguay y de otros países que aparecen en los primeros lugares del índice, he aquí algunas estrategias para que otras naciones puedan ponerse al día:

Apoyar a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT). En América Latina y el mundo cada vez hay una conciencia mayor de que los derechos de las personas LGBT son derechos humanos y de que estos son cruciales para el desarrollo y la equidad social. Aunque la causa pro-LGBT está ganando terreno en la región, Uruguay ha sido un líder en este campo. En 2013, Uruguay legalizó el matrimonio igualitario por una amplia mayoría y antes, en 2009, fue el primer país en la región en legalizar los derechos de adopción para parejas del mismo sexo y en aprobar leyes progresistas de identidad de género que les permiten a las personas transgénero  reflejar su identidad en todos los documentos oficiales.

Empoderar a las mujeres. Uruguay ha incrementado su apoyo a los derechos de las mujeres en varios campos, desde la salud hasta la política. Es el único país de los analizados en nuestro índice que les otorga derechos reproductivos completos a las mujeres, tras haber despenalizado el aborto en 2012. Aunque muchos países en la región como Argentina, Chile y Nicaragua resaltan los altos números que tienen de mujeres en posiciones de poder político, así como de leyes de cuotas para mantener a mujeres en posiciones legislativas, esto no se traduce directamente en una mayor protección a los derechos reproductivos. Sin embargo, la tendencia podría estar cambiando lentamente, como lo evidencia Chile, en donde la presidente Michelle Bachelet ha cumplido la promesa de campaña de presentar una ley que acabe con la prohibición del aborto. Y aunque el aborto es ilegal en muchos países de la región, eso no quiere decir que las mujeres no abortándolo estén practicando, un tema que ha salido a relucir con la avanzada del virus del Zika en América Latina.

Asegurar acceso a empleo y vivienda para todas las razas y géneros. Una fuente constante de ingresos y una vivienda adecuada son componentes cruciales para tener un sustento estable y son la columna vertebral para vivir por encima de la línea de la pobreza. Uruguay, junto a Chile y a Brasil, lidera la región en proveer acceso a un trabajo formal, así como en ofrecer acceso a vivienda con agua y electricidad.

Apoyar los derechos políticos y civiles. Las políticas progresistas de Uruguay sancionadas durante el gobierno del ex presidente José Mujica, y durante el gobierno del actual presidente, Tabaré Vásquez, han prosperado en un país que respeta los derechos políticos y civiles. El país goza de un sistema multipartidista abierto y competitivo, libertad de expresión y de religión, y bajos niveles de corrupción. Esto les permite a los uruguayos confiar en su sistema político, así como en la protección de los derechos civiles de la que gozan. Chile y Costa Rica se unen a Uruguay en el tercio más alto del ranking.

Mientras tanto, siempre hay espacio para mejorar, incluso para el país que lidera la clasificación. Aunque Uruguay lidera la región en muchas variables, hay vacíos notorios en áreas como la inclusión étnico-racial, en la que el país se ubica en el punto medio del ranking. Con un 8 por ciento estimado de la población que se identifica como afrouruguaya (y un porcentaje mucho menor representado en posiciones de gobierno), los derechos de los indígenas y los afro están rezagados en un país que es progresista en el resto de los campos. Aunque se aprobaron leyes en la última década para combatir la discriminación, aún hay mucho trabajo que hacer para implementarlas. “Los prejuicios culturales y el racismo institucional crean una barrera entre la voluntad política del gobierno actual y el organismo administrativo encargado de proporcionar servicios creados para la inclusión”, le dijo a AQ Beatriz Santos Arrascaeta, activista afrouruguaya y coordinadora ejecutiva para Montevideo de la Secretaría de Equidad Étnico Racial y Poblaciones Migrantes.

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