Una maratón de 110 horas de mensajes radiales en favor de los secuestrados, tuvo lugar la semana pasada en Colombia en el marco de una jornada exitosa en términos de las palabras de solidaridad escuchadas, pero triste en términos de la presencia que hizo la sociedad civil en el lugar del encuentro.
Una escalada de ataques de las FARC principalmente en sus bastiones tradicionales ubicados en los departamentos de Cauca y Nariño, que ha causado numerosas bajas de civiles y uniformados, terminó con el epílogo este lunes del desplazamiento de más de 1200 lugareños en Caldono, en una muestra retaliatoria al discurso aquel de que están acabadas.
Este es el contexto en el que la guerrilla anuncia que que no serán seis sino 10 los rehenes que liberarían en las próximas semanas, superando los escollos de la mediación internacional de Brasil y poniendo a una figura tan respetada como Marleny Orjuela, miembro de Asfamipaz, a ser quien encabece la comisión de recibimiento de los secuestrados.
Aunque familiares de plagiados, analistas, ex rehenes y miembros de la sociedad civil han reaccionado moderadamente al anuncio de las FARC, lo verdaderamente novedoso del comunicado de la guerrilla es la proscripción del secuestro como arma de guerra .
Dice esa guerrilla, encabezada ahora por el líder Timochenko amante de las cartas, que ya no usarán más esa practica prohibida desde siempre por el Derecho Internacional Humanitario y que abolirán la ley 002, herramienta paradójicamente ilegal que se inventaron en el año 2000 para financiar su lucha subversiva a través de “retenciones”, un eufemismo que esconde al secuestro extorsivo de civiles.
El gobierno, ante el esperado anuncio de liberaciones que se dio inicialmente en noviembre aunque solo sobre seis nombres, se muestra desconfiado. Sabe que tiene la sartén por el mango y que esta decisión de las FARC, humanitariamente necesaria y por años postergada, es interpretada casi al unísono más como una obligación que como un gesto generoso que implique una retribución.
La guerrilla ha pedido también por lustros que se atiendan “las condiciones infrahumanas de reclusión y el desconocimiento de los derechos humanos y de defensa jurídica, que afrontan los prisioneros de guerra, los prisioneros de conciencia y los presos sociales en las cárceles del país”, como reiteran siempre en sus comunicados. Tema que para el gobierno tiene poca discusión pues los presos que están en las cárceles son presos y punto. Tema que para otros organismos de la sociedad civil tiene varios matices cuando se entran a analizar los casos juridicamente débiles de sindicaciones de rebelión, por ejemplo.
Pero como en Colombia hemos estado acostumbrados a hablar con eufemismos, la gran expectativa gira en torno a qué tanto de cierto tiene el regreso por fin al seno de sus hogares, de los 10 policías y soldados secuestrados, llamados por casi 14 años canjeables, prisioneros de guerra o sujetos de intercambio humanitario. Sus familiares cuentan las horas, como han contado los años, para que las esperanzas esta vez no se extingan. Colectivos como colombianos y colombianas por la paz, encabezados por Piedad Córdoba, y organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja, tienen lista su artillería. Como siempre.
Lo grave, no obstante es que como en Colombia también hemos estado acostumbrados a jerarquizar a los seres humanos, la pregunta eterna que siempre queda en el vacío de los números es qué va a pasar con los
450 civiles secuestrados que por motivos económicos o extorsivos, están en poder de las FARC según la fundación Pais Libre.
Si bien hay una decisión expresa de no cometer un plagio más, ¿viene esta acompañada también de la liberación de los civiles plagiados?
¿Renunciarán las FARC a no financiarse más con el secuestro pero además a dejar de extorsionar a las familias de quienes aún tienen en la selva privados de su libertad? ¿Volverán ellos a sus casas sin la mediación de pago alguno? ¿Dirán las FARC dónde están los cuerpos de quienes murieron en cautiverio? ¿Los retornarán a los suyos para que puedan darles cristiana sepultura? Apenas los uniformados recuperen la libertad, ¿se dará el gobierno por satisfecho y se olvidará este y el resto del país de aquellos que hasta el momento no tienen voz ni nombre sobre su drama porque nunca han sido ‘canjeables’ o en suma nadie sabe quién los tiene en su poder, cuántos son, cuánto valen?
No hay nadie en Colombia que desde la sociedad civil no exija el cese del abominable crimen del secuestro. El camino de la paz es aún largo, pero es cierto que sin los rehenes de por medio, se acorta. Lo que la sociedad no puede permitir es que las liberaciones sean selectivas, como tampoco lo deben ser las condenas a los grupos armados que practican el secuestro. Es un buen momento para retomar las liberaciones gota a gota que comenzaron en 2008 con el regreso de los políticos a sus hogares, pero también es un buen momento para mirar la complejidad del secuestro y a las víctimas en su totalidad. Un país que jerarquiza a sus víctimas, también se acostumbra a olvidarlas.
Jenny Manrique es una bloguera que contribuye a AQ Online. Es periodista colombiana y editor de Semana.com. Su cuenta de Twitter es @JennyManriqueC.
