One year ago, Gustavo Petro, a former senator and presidential candidate, called a press conference along with his friend Carlos Vicente de Roux (a member of Bogotá’s city Council) and Senator Luis Carlos Avellaneda. At this conference, Petro and his friends presented the results of an inquiry, conducted by themselves, on what by that time was already known as the “Cartel of Contracts,” a multi-million dollar racket involving the infamous Nule Group, a network of corporations that had been awarded important contracts in Bogotá. Gustavo Petro and his friends, all of them members of Polo Democrático, Colombia’s biggest left-leaning party, demanded the prosecution of two prominent members of their own party: Samuel Moreno, the mayor of Bogotá, and his brother Iván, a senator.

From the beginning, this request faced a hostile reaction from the ruling group in their party. Partly due to ideological paranoia, Senator Jorge Robledo, for example, labeled the accusations as a far-right conspiracy.

Gustavo Petro will be the next mayor of Bogotá after winning 32 percent of the vote in yesterday’s election. Elected to the Senate in 2006, Petro of the Movimiento Progresista (Progressive Movement) party ran on a platform of zero corruption. Enrique Peñalosa conceded after losing to Petro by 7 percentage points; he won 25 percent of total votes.

Peñalosa, mayor from 1998 to 2001, oversaw development of a rapid transit system during his mandate that has earned praise from urban planners and other Latin American mayors. Peñalosa also enjoyed the support during his campaign of former President Alvaro Uribe. Petro, an ex-guerrilla of the M-19 movement that disbanded in the 1980s, finished fourth in Colombia’s 2010 presidential election.

In a victory speech, Petro promised his governing attitude would embrace dialogue. He also told Colombian daily El Tiempo that his administration would transfer decision-making power “to the citizenry, by means of the budget and democratic participation.”

Petro’s message against corruption firmly resonates with bogotanos, particularly as Bogotá’s former mayor, Samuel Moreno, awaits a verdict after being indicted by Colombia’s inspector general last month on charges of fraudulent contracting, embezzlement and extortion regarding public works projects. Petro was instrumental in uncovering the scandal earlier this year. 

Aside from voting in in the capital district, Colombians went to the polls yesterday to vote for 32 governorships and 1,100 mayoralties and municipal council seats. Petro takes office in January.

Colombia se acerca a la primera vuelta de una de las campañas presidenciales más emocionantes de los últimos años, pues tras la caída del referendo reeleccionista que le impidió al mandatario Álvaro Uribe aspirar a regir los destinos del país por otro periodo más, todas las predicciones resultaron desacertadas. Es cierto que el candidato que se muestra como su más fiel sucesor, Juan Manuel Santos, encabeza las encuestas de intención de voto y tiene un seguro lugar en la segunda vuelta del 20 de junio. Sin embargo, ni él, ni los gurús de la política, jamás imaginaron que el aspirante del Partido Verde, Antanas Mockus, le arrebatara de tal forma el electorado de opinión e hiciera tambalear a los estrategas de su campaña que optaron al final por traer al controvertido publicista venezolano J.J Rendón.

La corta contienda que comenzó prácticamente a fines de febrero, cuando se supo que la imbatible popularidad de Uribe (según el último sondeo de la firma Gallup al final de su mandato todavía conserva el 73 por ciento de imagen favorable) no se podría en todo caso medir a las urnas, ha tenido de todo: Desde propaganda negra hasta innumerables debates con preguntas predecibles y otras inteligentes; desde cierres de campaña fastuosos hasta la participación de desprevenidos ciudadanos que regalaron a su candidato favorito su creatividad a través de jingles y camisetas; desde mítines en plaza pública a la usanza de los discursos de antaño hasta miles de grupos de Facebook creados por simpatizantes para promover o derrotar candidaturas.

Sobre todas las cosas, algo que ha tenido esta contienda es un ramillete de aspirantes preparados quienes, salvo dos de ellos (Robinson Devia del Movimiento La Voz de la Conciencia y Jairo Calderón de Apertura Liberal) han tenido una larga carrera pública en el país y han demostrado ser opciones que entre gustos y disgustos, satisfacen a buena parte del electorado del país. Incluso Jaime Araujo candidato de la ASA, quien no aparece en las encuestas de intención de voto, fue un ilustre magistrado de la Corte Constitucional. La mayoría de ellos a excepción de Gustavo Petro, no proponen un cambio sustancial del modelo de país que dejará Alvaro Uribe a partir del 7 de agosto de 2010, pero por lo menos si quieren acabar con su mesianismo

La noticia más esperada del último año en Colombia, se conoció por fin el pasado viernes: Una abrumadora mayoría, 7 de los 9 magistrados de la Corte Constitucional, hundió el referendo que hubiera permitido al presidente Álvaro Uribe aspirar a una segunda reelección. Pese a que en los últimos días, algunas fuentes del alto tribunal habían filtrado información según la cual, triunfaría la ponencia negativa que frente al tema había expuesto el magistrado Humberto Sierra Porto, todas las cábalas eran impredecibles hasta el pronunciamiento oficial. Es más, el viernes en la mañana se vio al secretario jurídico de la Presidencia, Edmundo del Castillo, en los pasillos de la Sala Plena, un hecho que se interpretó como una jugada para intentar cambiar algunos votos de los magistrados. Pero finalmente el estado de derecho triunfó sobre el estado de opinión del que hiciera eco Uribe, para significar que eran las mayorías quienes aclamaban de él un tercer mandato y por eso era inevitable aprobar el proyecto.

No obstante, la Corte encontró como insalvables algunos vicios que sucedieron durante el trámite para convocarlo: La financiación de la recolección de firmas para la consulta, la discusión del tema en el legislativo sin contar con el aval de la Registraduría para el trámite; el cambio de la pregunta durante las plenarias, pues a la gente se le pidió en la calle apoyo para la reelección de Uribe en 2014; el transfuguismo de cinco congresistas de Cambio Radical que se fueron a la U para votar la conciliación del referendo; y la forma como se convocaron las sesiones extras en el legislativo en diciembre de 2008.

Una ponencia de 437 páginas dio fin a los sueños reeleccionistas de un presidente que movió toda la maquinaria para quedarse en el poder y que, resignado, se reunió el mismo sábado con dos candidatos que no sólo pretenden encarnar su legado de la seguridad democrática y la confianza inversionista, sino que en una segunda vuelta harían una coalición para que éste no se pierda: Andrés Felipe Arias y Juan Manuel Santos.

Intervencionismo o mediación. Según el espejo con que se mire, el papel del Presidente venezolano Hugo Chávez en la política doméstica colombiana, tiene tantos detractores y seguidores como en su propio país.

Su cercanía con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)—que según los computadores del extinto Raúl Reyes y miembros de la inteligencia colombiana incluye financiamiento y tráfico de armas para la guerrilla—ha causado que mientras Estados Unidos lo considera una figura desestabilizadora para la región, el gobierno colombiano de Álvaro Uribe haya tenido que aceptar a regañadientes sus buenos oficios para dialogar con el grupo insurgente y así lograr liberaciones de secuestrados.

No obstante, la necesidad de mantener relaciones diplomáticas con un vecino con el que se comercian más de 7.000 millones de dólares anuales y con el que se comparten 2.219 kilómetros (1,379 millas) de frontera—límites ,en donde dicho sea de paso, es innegable la presencia de grupos armados ilegales, contrabandistas, narcotraficantes y miles de refugiados expulsados por el conflicto—se ha dejado de priorizar recientemente por las atrevidas declaraciones de Chávez en lo que a la política nacional se refiere.

Luego de llamar a los colombianos “traidores” e invitarlos a sumarse a la “doctrina bolivariana”, Chávez fue denunciado ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) por su “intervencionismo” e “injerencia” en asuntos internos. Sus declaraciones motivadas por el convenio firmado entre Estados Unidos y Colombia para la instalación de siete bases militares en el país, impulsaron a cuatro ciudadanos a convocar por las redes sociales Facebook y Twitter a una marcha contra el mandatario que finalmente se desarrolló en más de 100 ciudades del mundo con miles de participantes vestidos de blanco que gritaban al unísono "Chávez, Colombia no te teme" y "¿Por qué no te callas?".