Cuando Hugo Chávez asumió la presidencia de Venezuela en 1999, apenas 11 por ciento de la población era rural. En diciembre pasado, al despedirse de la nación a la cual gobernó por más de una década, la cifra había caído a 6 por ciento. Promesas de una revolucionaria reforma agraria, millones de dólares en créditos y decenas de proyectos para garantizar un país autosustentable en materia alimenticia, sólo consiguieron menguar, aún más, las extensas tierras de cultivo de la nación petrolera.

Un año antes, el mandatario lanzó la Gran Misión Vivienda. La justificativa era simple: con un déficit de 2,7 millones de casas, el gobierno metía el ojo en el drama que, al igual que la disminución de la población rural, era, según su perspectiva, “herencia del capitalismo. No habrá otra vía de solucionarlo que con socialismo y más socialismo”.

Esta semana, su sucesor, Nicolás Maduro, parece haber reparado en un detalle: el socialismo, per se, no compra cemento ni levanta edificios. Durante una alocución, afirmó que para que la misión sea viable, los beneficiarios deben pagar el techo que recibieron. “Hemos entregado 381 mil viviendas pero nadie está pagando ni medio. Cómo vamos a sostener la misión para las viviendas de los próximos años? haciendo magia?”. Maduro hizo una aclaratoria que, en años de revolución, ningún funcionario de gobierno se atrevió a pronunciar: “las cosas no pueden ser regaladas”.

Días antes, Lorenzo Mendoza, el director de Empresas Polar, la principal marca de alimentos del país, lanzó al ruedo otra idea que los venezolanos no escuchaban en mucho tiempo: privatización. El joven empresario respondió las acusaciones del gobierno quien lo responsabiliza de ser uno de los artífices de la crisis alimenticia que atraviesa Venezuela. Mendoza hizo pública su disposición a comprar o alquilar plantas en manos del Estado para incrementar las existencias. 

El gobierno de Chávez estuvo marcado por nacionalizaciones que, en muchos casos, fueron injustificadas y costaron caro a las arcas nacionales. Poco a poco, la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) fue asumiendo los gastos de los servicios públicos, educación, salud, infraestructura, banca, propaganda política, y hasta, favores internacionales. Los excedentes petroleros sirvieron para pagar, desde los grandes proyectos sociales del mandatario hasta los conos color naranja que se utilizan en la señalización del tráfico a diario. 

El lucro no ha sido el leitmotiv del gobierno socialista, y así, con la intervención del Estado, muchas empresas pasaron de ser operaciones rentables a cargas económicas. 

En el rubro de alimentos, no fueron pocas las veces que el gobierno encendió las cámaras para mostrar a los venezolanos ruidosas expropiaciones que democratizarían la tierra, inauguraciones de plantas procesadoras que abastecerían el país, entrega de crédito para cooperativas que trabajarían el campo, pero todos los proyectos dieron al traste dejando al Estado propietario de equipos, complejos y tierras inoperantes.

Para ejemplificar la situación, basta remitirse al componente base de la dieta venezolana que es la harina de maíz, producto estrella de Empresas Polar. De las 24 instalaciones procesadoras del alimento, 3 pertenecen a la marca, 3 a otros capitales privados, y las 18 restantes al Estado. Con apenas 12 por ciento de las plantas, Polar abastece a 48 por ciento del mercado nacional, de acuerdo con los cálculos de Mendoza.

Pero sus cifras presentan un contraste, aún mayor, con el trabajo que el Estado ejecuta en materia alimenticia. Mendoza, quien raramente respondía de forma directa a Chávez, indicó que las políticas gubernamentales han dificultado las operaciones de Empresas Polar en los últimos años. Falta de divisas para la compra de insumos, retrasos en los puertos, alzas en los precios de las materias primas entre 15 por ciento y 414 por ciento pero no en los precios finales de sus productos, aumento de días feriados, cortes de electricidad y la conflictividad laboral han afectado los niveles de la compañía, que para el primer trimestre del año reportó un 10 por ciento más de producción en contraste con 2012. “Hubiéramos podido producir 14 mil 500 toneladas más de alimentos, si no hubiésemos tenido que lidiar con estos inconvenientes”, dijo.

El heredero del consorcio fue más allá y, como quien olfatea el momento oportuno, señaló que a corto plazo, propondrán al gobierno la compra o alquiler de una de sus instalaciones productoras de harina de maíz, para aumentar las existencias del producto en 20 por ciento entre 12 y 14 meses, además de una alianza con el sector privado que permita, a mediano plazo, recuperar al 100 por ciento la producción de este rubro.

A pesar de que el Estado venezolano fracasó de forma evidente en el manejo y control de empresas de varios sectores, la oposición política ha aprendido que, en un país petrolero, hablar de pagos y privatizaciones puede ser un error letal que cuesta caro en elecciones. En 1989, cuando el entonces presidente intentó explicarle al país que las cosas no podían ser regaladas y que la única forma de enfrentar la crisis del momento era con ajustes económicos severos, una explosión social sacudió los cimientos de la capital. La revuelta fue controlada, pero el mandatario no vería el final de su período.

Años después vino Chávez con sus promesas de un mundo nuevo, lleno de reivindicaciones para los pobres, sólo que otra vez, la euforia parece haber pasado, y es Maduro a quien le tocará explicar temas que ni su candidato opositor, Henrique Capriles, tuvo que encarar en la campaña electoral: incluso en tiempos revolucionarios, “las cosas no pueden ser regaladas”.

Update, May 15, 2013: President Nicolás Maduro and Lorenzo Mendoza, president of Empresas Polar, met last night and resolved their differences, with both pledging to work together to overcome any food shortages.

May 14, 2013 - Lorenzo Mendoza, head of Empresas Polar S.A., Venezuela’s largest privately-held food company, refuted government claims that his business is sabotaging the local food market. Mendoza’s comments came in response to President Nicolás Maduro’s accusations over the weekend that Polar is attempting to exacerbate food shortages and destabilize the economy by cutting output of staples like corn flour—which is used to make arepas, or patties, a staple in the Venezuelan diet.

In a press conference held in the company’s headquarters in Caracas on Monday, Mendoza said restrictive state regulations were the real cause of  Venezuela's food shortages and that his company was being treated as a scapegoat.  While Polar controls 48 percent of the corn flour market, Mendoza explained that his company couldn’t be responsible for overall food shortages because it only accounts for 9 percent of total food consumption in the country.

The head of Polar said that the company increased its corn flour production and sales by 10 percent during the first four months of 2013, compared to the same period in 2012. He also announced that Polar is willing to buy or lease some of the state-owned production plants to increase local production of corn flour.

Venezuela’s scarcity index, which measures the amount of goods that are out of stock on the market, rose to 21.3 percent in April, its highest level since the central bank began tracking it in 2009. Inflation also jumped 4.3 percent last month, led by an increase in food prices. The combination of price controls, which analysts claim choke domestic output, together with government limits on accessing dollars further contributes to delays in acquiring raw materials.  The government is trying to solve both problems.  According to Finance Minister Nelson Merentes, accessing dollars will be resolved in the short-term, and the Venezuelan government plans to import 700 thousand tons of food from Mercosur countries to combat its food shortages. Brazil and Argentina are studying the possibility of emergency food sales to Venezuela.

Mendoza is scheduled to meet with President Maduro today. According to a statement on its company Facebook page, Polar said that it would attend all the meetings requested by the government and that it is willing “to cooperate with the search for solutions that favor the Venezuelan people.”

Con seis años consecutivos al frente de la Cancillería venezolana, si algo podía esperarse del estreno de Nicolás Maduro como presidente era fluidez en la política exterior. Sin embargo, en sus tres primeras semanas al mando del país, el heredero del fallecido líder, Hugo Chávez, ya acumuló cuatro desencuentros internacionales manejados con reacciones poco diplomáticas. 

Al canciller español, José García Magallo, lo mandó a “sacar sus narices de Venezuela” cuando manifestó su disposición a “hacer algo” para “garantizar una Venezuela en paz”. Al representante de la diplomacia peruana, Rafael Roncagliolo, le dijo haber “cometido el error de su vida” al presentar un pedido a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) para evaluar un comunicado que solicitara a Caracas “tolerancia y diálogo”. Tildó al mandatario americano, Barack Obama, de ser “el jefe mayor de los diablos” y acusó, sin formalizar su denuncia, al ex Jefe de Estado colombiano, Álvaro Uribe, de encabezar un “complot” para asesinarlo. 

En medio de una crisis de legitimidad nacional, debido a que su contendiente, Henrique Capriles Radonski, solicitó la impugnación de las elecciones del 14 de abril que le concedieron la victoria con un estrecho resultado electoral de 225 mil votos, Maduro se embarcó en su primera gira internacional. Escogió países amigos: Uruguay, Argentina y Brasil, y fijó visitas breves que tuvieron, entre los objetivos centrales, garantizar alimentos para paliar la persistente escasez registrada en Venezuela.  

“Parte de la gira que arranca es para garantizar y fortalecer nuevamente la reserva alimentaria de productos básicos de nuestro país a tres meses”, comentó Maduro el pasado martes antes de abordar el avión que lo llevaría a Montevideo, su primera parada. 

Hugo Chávez, oriundo de la región ganadera del país, enfatizó en sus discursos la importancia de librar a Venezuela del yugo petrolero, impulsando el agro nacional y garantizando la “soberanía alimentaria”. Pero, en la práctica, su gestión estuvo marcada por expropiaciones, nacionalizaciones y experimentos económicos que desarticularon y afectaron de forma severa la cadena productiva.

Al tiempo que el presidente Nicolás Maduro se reunía con sus pares en Uruguay, Argentina y Brasil, la oposición venezolana preparó una gira paralela, en cuya parada en Buenos Aires sus miembros fueron recibidos por legisladores opositores al gobierno de Cristina Kirchner.  

“No hay manera de ocultarle al mundo que somos mayoría, durante años el chavismo dijo que Venezuela era una lucha entre ricos y pobres, y hoy la mitad votó por nosotros y claramente la mitad de los venezolanos no son ricos. No vamos a retroceder”, resumió el líder opositor y ex alcalde del municipio Chacao, Leopoldo López, para definir la cruzada que emprendió la oposición con el ánimo de contar la realidad de esa otra Venezuela que impugnó las elecciones.

Confiados en que sí hay un acompañamiento internacional a sus denuncias, estas prosperarán y se podrán repetir las elecciones, López y los asambleístas venezolanos Nora Bracho y Freddy Guevara estuvieron esta semana en la Cámara de Diputados en Buenos Aires.

"La mejor manera de definir las elecciones que pasaron [el 14 de abril] es una pelea de David contra Goliat", disparó López en momentos en que Maduro, a quien llaman "El ilegítimo" se encontraba a pocas cuadras en la Casa Rosada con su homóloga Cristina Kirchner.

 Ese Goliat representado por la estatal petrolera PDVSA, ministerios, gobernaciones, alcaldías y la Fuerza Armada nacional fue el aparato que, según López, dedicó todo su poder a “contaminar el proceso electoral entero”, razón por la cual la impugnación que interpuso Henrique Capriles esta semana no se debe sólo a los resultados.

 “Nuestra queja comienza sobre la mancha anticonstitucional y manipuladora que ocurrió el 9 de enero cuando permitieron la continuidad del gobierno de Chávez [en su ausencia], sólo para que quien iba a ser candidato del chavismo, pudiera ser presidente mientras era candidato”, expresó López.

Con cifras en la mano, López relató todas sus quejas: en 10 días de campaña, el oficialismo tuvo 65 horas de cadena nacional, versus los 23 minutos de publicidad a los que tuvo derecho Henrique Capriles; se reportaron en total 230 violaciones a leyes electorales, y 5.623 irregularidades ocurrieron en las mesas de votación.

Venezuelan president Nicolás Maduro marked the end of his three-day trip through Uruguay, Argentina and Brazil yesterday with a meeting in Brasilia with President Dilma Rousseff to highlight Venezuela’s strategic alliance with Brazil.

Maduro traveled to Mercosur member countries for his first trip post-presidential election in an effort to consolidate bilateral ties. In Uruguay, his first stop, the Venezuelan president met with President José Mujica, as well as former Uruguayan President Tabaré Vázquez, and pledged a “permanent” supply of petroleum. He continued on to Argentina, where he signed 11 bilateral agreements with President Cristina Fernández de Kirchner and gave a public address at a soccer stadium where he invoked the legacies of deceased Venezuelan President Hugo Chávez as well as deceased Argentine President Nestor Kirchner.

In Brazil, his final stop, Maduro received a firm endorsement from President Rousseff. The two leaders announced that Brazilian construction and engineering conglomerate Odebrecht will construct a 1.5-million-tonne-a-year urea plant in Venezuela. Venezuela is the second largest market, after Argentina, for Brazilian manufactured goods.

The international trip also carries domestic implications. Eduardo Viola, International Relations professor from Universidad de Brasilia said that “with this trip to Mercosur member countries whose leaders have demonstrated support, Maduro seeks to legitimize his situation, highly questionable in his country, not only because of the tight electoral results questioned by the opposition but also because of the grave economic and public safety conditions which are bleak.”

While an audit of Venezuelan election results began this week, nearly every nation in the region has accepted Maduro's presidency.

Venezuelan President Nicolás Maduro embarked today on a three-day tour of Argentina, Brazil and Uruguay, all members of Mercosur (The Common Market of the South). Following Paraguay’s suspension from the free-trade group, Venezuela joined Mercosur last year and will assume the bloc’s temporary presidency for the first time on June 28 during a summit in Montevideo.

During a ceremony on Sunday to commemorate the two-month anniversary of the death of Venezuelan President Hugo Chávez,  Maduro announced that he would visit the other Mercosur countries to “continue bringing forward a perfect equation of financial, energy, cultural and political integration.”

In Uruguay, Maduro will meet with Uruguayan President José Mujica, as well as former Uruguayan President Tabaré Vázquez, union leaders and the electrical transformer company Urutransfor.  Members of the Uruguayan opposition have criticized Maduro’s visit as “tactless and inconvenient” because of the current political tensions that exist in Venezuela. Later this week, Maduro will meet Argentine President Cristina Fernández de Kirchner in Buenos Aires and Brazilian President Dilma Rousseff in Brasilia to discuss the next steps for the regional bloc.

Top stories this week are likely to include: Senate Judiciary Committee begins mark-up of the U.S. immigration reform bill; Álvaro Uribe reacts to Nicolás Maduro; Ríos Montt genocide trial is briefly suspended; Barack Obama criticizes the imprisonment of an American filmmaker in Venezuela; and 100 prisoners participate in the Guantánamo hunger strike.

Immigration Reform in the Judiciary Committee: On Thursday, the Senate Judiciary Committee will begin to mark up the 844-page immigration reform bill drafted by the bipartisan "Gang of Eight" U.S. senators with amendments to be considered due by 5:00pm on Tuesday. Dozens of amendments are expected to be submitted by members of the Judiciary Committee, including the Uniting American Families Act—an amendment to be offered by Committee Chairman Patrick Leahy (D-VT) that would allow U.S. citizens to sponsor their same-sex partners for green cards.  On Friday, President Barack Obama said that he supported a proposal, calling it the “right thing to do.” If passed in committee, critics say the amendment could erode bipartisan support for comprehensive immigration reform. On Friday during his visit to Mexico, Obama said he was “optimistic” that Congress could pass immigration reform this year.

Venezuelan and Colombian Heads of State Face Off: Former Colombian President Álvaro Uribe said Sunday that he would bring Venezuelan President Nicolás Maduro before the Inter-American Commission of Human Rights for putting his life in danger after Maduro accused Uribe on Friday of plotting to kill him. Maduro also alleged that Uribe was involved in the murder of Jhonny González, a sports reporter who was shot to death last week. On Sunday, former Colombian President Andrés Pastrana criticized Colombian President Juan Manuel Santos for not speaking out immediately against Maduro's accusations.

Guatemalan Constitutional Court Suspends Ríos Montt Trial: Guatemala's Constitutional Court announced on Saturday a "provisional" suspension of the genocide trial of former General Efraín Ríos Montt while it resolves an injunction request filed by Ríos Montt's attorney, Francisco García Gudiel. However, a definitive ruling on the genocide trial is expected this week after the Constitutional Court ruled on April 30 that the case could proceed. The presiding judge, Jazmín Barrios, granted a week’s recess so that García Gudiel could review the file against his client.

Obama Calls Imprisonment of American in Venezuela "Ridiculous": Venezuelan Interior Minister Miguel Rodriguez Torres said on Sunday that American Timothy Tracy was posing as a documentary filmmaker to spy on the Venezuelan government. Tracy was arrested after Venezuela’s April 14 election as he was leaving the country and was charged with conspiracy late last month, saying he was plotting with opposition groups to destabilize the country. U.S. President Obama called the Venezuelan government’s claim "ridiculous” in an interview with Telemundo this weekend. Maduro responded on Saturday by calling Obama the “grand chief of devils.”

100 Prisoners on Strike in Guantánamo: An Afghan prisoner at the Guantánamo military prison in Cuba alleged in a sworn affidavit released Sunday that soldiers roughly searched prisoners' Qurans in February, triggering a hunger strike in which at least 100 prisoners have been participating for the ninth consecutive day. At least 23 prisoners are now being force-fed, though a prison spokesman said that no one is experiencing life-threatening conditions. Marine General John Kelly, head of U.S. Southern Command, told reporters that there was “absolutely no mishandling of the Quran” inside the prison.

En octubre de 2006, cuando el invierno comenzaba a despuntar en Alaska, los habitantes de Anchorage—ubicada a 8.600 kilómetros de Caracas—se debatían entre aceptar o no el combustible gratuito que el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, había ofrecido para mitigar el impacto económico del cambio de estación en la localidad. Unos querían recibir el combustible debido a la crisis que azotaba a la región, en cuanto otros rechazaban al presidente venezolano por haber llamado “diablo” a su presidente, George W. Bush, durante una reunión de la Organización de las Naciones Unidas en ese año. Chávez nunca había visitado Alaska, pero había dividido a los esquimales. 

Venezuela acumuló años de desigualdades sociales amparadas bajo la consigna mundialmente conocida de ser la “democracia más estable de Latinoamérica”. Caracas se convirtió en el ejemplo más claro de la debacle social: mientras los cerros se hinchaban de empobrecidos ranchos, la vida en el valle transcurría en una calma de golf, música y playas. La rabia de los marginados golpeó con la fuerza de un inesperado tsunami en febrero de 1989, amenazando a la adormecida ciudad. Las aguas volvieron a su cauce, pero Chávez, entonces un oficial, calculó el tamaño del rencor. Una década después, electo Presidente, confrontó al valle: lejos de contener las aguas, abriría las compuertas.

Los extensos discursos de Chávez carecían de improvisación. Palabras medidas, frases hechas e historias de impacto, que acentuaban la brecha—por años existente—entre ricos y pobres, fueron calando en el colectivo. Al poco tiempo, la base política del mandatario se fue limpiando de quienes apostaban por cambios en el país y se limitó a quienes exigían reconocimiento y poder después de años de olvido. No era poca cosa, los pobres en el país petrolero eran mayoría, sólo que no lo sabían.

Los defensores y adversarios del proceso revolucionario comenzaron a medir fuerzas, y Venezuela entendió el significado de la palabra “polarización”. El fenómeno que adquirió picos dramáticos entre 2002 y 2004, entró en aparente letargo luego de las aplastantes victorias electorales de un Chávez cada vez más fortalecido. Tras cada derrota, la desmoralizada clase media miraba al extranjero en busca de tiempos menos revolucionarios.

After narrowly defeating Henrique Capriles in a hotly-contested presidential election (Capriles is demanding a recount), Venezuelan President-elect Nicolás Maduro will soon have to turn to a more threatening foe: the nation’s economy.

In a time of high commodity prices, why is one of the world’s top oil exporters facing such dire straits?

A lot of it has to do with Hugo Chávez’s socialist legacy.

For years, Venezuela has had a fixed exchange-rate regime. The Chávez administration, eager to control every aspect of life in Venezuela, decided who got how many dollars, and at what prices. Currently, the fixed exchange rate is 6.3 bolívars (BsF) per dollar. A parallel “auction” system is selling dollars at BsF 12, and the black-market rate currently hovers around BsF 23 per dollar.

These deep distortions are the reason why Venezuelans are suffering some of their worst shortages in years. Long accustomed to subsidized greenbacks for importing nearly everything, Venezuelans now find dollars harder to come by. However, the government has other priorities: oil production is stuck or declining, and with the nation’s refineries in bad shape, Venezuela needs to import refined products such as gasoline, which the government practically gives away for free.

Importers lucky enough to access dollars at the BsF 6.3 rate find it very tempting to sell the same dollars at the black market rate instead of using them for their intended use—importing basic staples. That is one of the main reasons why Venezuelans´ shelves are empty.

Untangling this economic crisis will require the skills of a deft politician—something Maduro clearly is not. Likewise, doing away with the regressive gasoline subsidies that threaten to bring down the state’s finances will require a national consensus that seems impossible right now. Meanwhile, generating enough confidence to spruce up private investment is simply not in the cards for Venezuela.

Mr. Maduro is likely to find that Mr. Capriles and the pot-banging opposition are the least of his problems.

El 8 de diciembre de 2012, algo cambió en Venezuela. En una alocución pública nacional, Hugo Chávez anunció al país su partida a Cuba para someterse a una operación delicada, justo dos meses después de haber sido reelecto como presidente. Intuyendo lo que podría suceder ante su ausencia, designó como candidato presidencial de su partido a Nicolás Maduro, quien en ese momento fungía como vicepresidente de la República.

Todo parecía indicar que pronto habría nuevas elecciones. Tres meses después, el  5 de marzo de 2013, se anunció el fallecimiento de Hugo Chávez y el inicio de un nuevo período electoral presidencial en menos de 12 meses.

La nueva campaña electoral tuvo una característica inusual: se produjo tras la muerte de un presidente, hecho no antes visto en la historia democrática de Venezuela. Los días de funeral y entierro se utilizaron como el inicio de una campaña que busca conectar sentimentalmente a la base chavista con el candidato Nicolás Maduro, quien a pesar de ser designado personalmente como el sucesor, carece del carisma y el discurso de Hugo Chávez. La promesa de campaña ha sido la de mantener el legado revolucionario y apoyarse en el culto naciente, casi religioso alrededor de la figura de Chávez.

El gran reto de ambos sectores es el de movilizar a las bases del 7 de octubre. El candidato que logre esto con mayor eficiencia, será el ganador de esta contienda, pues en una campaña tan corta no hay mucho tiempo para convencer con propuestas, sino de utilizar elementos que reflejan el “todo o nada.” En solo 10 días de campaña, el esfuerzo comunicacional de ambos comandos a través de los medios de comunicación será determinante para llevar sus mensajes lo más lejos posible.