Esta semana se celebró el día mundial de la libertad de prensa y el gremio amaneció con muy buenas noticias: Dos colombianos, Hollman Morris y Claudia Julieta Duque fueron galardonados con sendos premios internacionales por su defensa de este derecho fundamental. El primero, quien además será este año un Nieman Fellow en Harvard, recibió el premio Samuel Chavkin a la Integridad en el Periodismo otorgado por NACLA (North American Congress on Latin America). A Duque por su parte, Reporteros sin Fronteras Suecia le otorgó el premio de Libertad de Prensa 2010 como un reconocimiento a su labor en contra de la injusticia y la censura en Colombia.
A ellos, sin embargo, los atraviesa un triste episodio en común: Encabezan la lista de periodistas ‘chuzados’ por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), policía secreta de Colombia, que les ha dedicado manuales enteros que indican como amenazarlos, perseguirlos, desprestigiarlos e incluso, intimidar a sus familias.
El escándalo del DAS por el que ya se han llamado a juicio a cuatro ex directores, tres de ellos destituidos, toca en especial las fibras de estos dos colegas y sus familias, a quienes conozco y aprecio por su entereza y lucha por conocer la verdad sobre quién está detrás de toda esta estrategia de sabotaje, si se tiene en cuenta que ésta central de inteligencia es un organismo adscrito directamente a la Presidencia de la República.
Claudia Julieta es corresponsal de Radio Nizkor y la investigadora principal del asesinato del también periodista Jaime Garzón, cuya investigación fue desviada por el DAS, según comprobaron sus hallazgos. Hollman es director y productor del programa investigativo de televisión Contravía, quien ha sido públicamente señalado por el Presidente Uribe de ser “aliado del terrorismo” por su cobertura de víctimas. Él mismo escribió un capítulo en el libro “Las perlas uribistas” en el que relata su persecución. Ambos, Claudia Julieta y Hollman, promueven y defienden en sus medios los derechos humanos a través de un periodismo independiente y de denuncia que goza de pocos espacios en el país, algunas veces por elección y otras por miedo.
Por supuesto ellos no fueron las únicas victimas. El DAS chuzó a magistrados de las altas Cortes, defensores de derechos humanos, miembros de la oposición, funcionarios mismos del gobierno y otros periodistas. La ´empresa criminal´(término usado por la Fiscalía) que hizo la policía secreta, se viene conociendo desde 2004 gracias a revelaciones periodísticas y parece un mal cuento de nunca acabar.
Lo que hasta ahora se sabe es que al interior del DAS fue creado en 2003 un Grupo Especial de Inteligencia conocido como G3. Su mentor fue José Miguel Narváez, entonces subdirector de esa identidad, quien ordenó a 27 seccionales interceptar sin permiso judicial, las conversaciones de los opositores del gobierno. Sobre Narváez, el paramilitar Salvatore Mancuso ha dicho que tenía estrecha relación con las autodefensas a quienes les dictaba charlas sobre planes de limpieza social y les entregaba listas de personalidades “que debían ser asesinadas por sus presuntos nexos con la guerrilla”.
A los investigadores se les ordenó emprender una guerra política que incluyera “sabotaje” y “desprestigio” contra opositores y para ello se configuraron diferentes estrategias y acciones que columnistas de este país han comparado con las usadas por el Tercer Reich. A Jorge Noguera, el ex director bajo cuya administración comenzaron todas las órdenes, y quien es enjuiciado por la Corte Suprema por cargos tan graves como el de haberle suministrado a los paramilitares los nombres de sindicalistas y profesores universitarios que luego fueron asesinados, se le conoce como el Montesinos colombiano, en comparación con la labor que cumplió Vladimiro Montesinos contra los “enemigos” del presidente peruano Alberto Fujimori.
El DAS se valió de diferentes directivas especificadas en 166 folios que ya tiene la Fiscalía en su poder. A todas ellas las atraviesan ordenes similares: Difundir encuestas sobre el nivel de aceptación de ciertos personajes públicos; distribuir panfletos, grafittis y libros e incluso crear páginas web en su contra; hacer montajes de falsos actos de terrorismo para inculpar a los “chuzados”; desinformar a la población que se encuentra a favor de los detractores del gobierno; generar división al interior de los movimientos de oposición y desatar una guerra jurídica.
Estos son hasta el momento algunos de los hallazgos del ente fiscalizador, cuyos investigadores ya han recibiendo intimidaciones.
- Operación Amazonas: Promover acciones en beneficio del Estado para las elecciones de 2006. Blancos: Partidos políticos opositores al Estado. Carlos Gaviria (ex magistrado), generar vínculos con las Farc. Piedad Córdoba (senadora conocida por su labor en la liberación de secuestrados) generar vínculos con Auc. Horacio Serpa (gobernador de Santander), generar vínculos con Eln. Gustavo Petro (candidato presidencial del Polo Democrático, quien a propósito lideró un debate sobre el tema la noche del pasado martes), generar vínculos con Farc. Antonio Navarro (gobernador de Nariño) generar vínculos con M-19 y narcotráfico. Wilson Borja (líder sindical) generar rumores sobre infidelidad sentimental. Samuel Moreno (alcalde de Bogotá) generar relación con desfalcos financieros.
- Operación Transmilenio: Neutralizar las acciones desestabilizadoras de las ONG en Colombia y en el mundo, establecer vínculos con organizaciones terroristas en busca de su judicializacion. Impedir la edición de libros.
- Operación Halloween: Concientizar a la poblacion sobre la realidad de la ideología comunista, publicación de libro con 10 mil ejemplares, creación de página web.
- Operación Arauca: Establecer vinculos entre Cajar (Colectivo de abogados José Alvear Restrepo) y el Eln. Intercambio de mensajes con el Eln que se encontraran en allanamiento, es decir siembra de documento falsos. Esta operación fue diseñada contra 41 miembros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, entre ellos Claudia Julieta Duque, afectando tanto a mensajeros como a su junta directiva. A ellos se les abrieron fichas de investigación que incluían aspectos de su vida personal y familiar y hasta movimientos financieros, que dependen en gran medida de la cooperación internacional.
- Operación Intercambio: Neutralizar la influencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hacer alianzas con cuerpos de inteligencia extranjeros. Curiosamente el 5 de noviembre de 2009 hubo una audiencia de algunas de las víctimas de estas interceptaciones ante la CIDH, tras la cual el comisionado Victor Abramovich sostuvo: “Esta persecución es inimaginable en democracia y solo recuerda las dictaduras del Cono Sur”.
- Operación Europa: Neutralizar influencia en sistema juridico europeo, de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento y de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos humanos de la ONU. Por estos hechos el grupo de Los Verdes en el Parlamento Europeo pidió al gobierno de Colombia que se “esclarezca el escándalo de espionaje”, que el DAS también habría efectuado contra eurodiputados, como condición para firmar el tratado de libre comercio que acabó de negociar recientemente con Colombia y Perú.
- Operación Risaralda: Generar división entre altos funcionarios de Redepaz (Red Nacional de Iniciativas por la paz y contra la guerra) Objetivo: Ana Teresa Bernal (presidente y miembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación). Comprobar actividades ilícitas de funcionarios de Redepaz para obtener prebendas económicas por obtención de asilo político. Desvinculación del esquema seguridad del DAS.
- Operación Internet: Generar controversia en torno a las ONG. Creación de las páginas web “Corporación Verdad y Justicia” y “Servicio Colombiano de Información y Estadística para la Prevención del Conflicto”.
- Operación Extranjeros: Neutralizar la operación de ciudadanos extranjeros que atentan contra la seguridad del Estado, investigaciones, deportación, comunicados y denuncias.
- Listado Celulares Blanco: Es una lista que contiene 185 números que habrían sido interceptados en la que aparecen números de políticos, periodistas y de todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como los números de sus familiares. En 2008, la Revista Semana reveló cómo enviados del narcoparamiliar extraditado alias ‘Don Berna’ entregaron a funcionarios de Presidencia y del DAS supuestas ‘pruebas’ para atacar y desprestigiar a magistrados, en momentos en que la Corte y el gobierno libraban un duro enfrentamiento por las investigaciones que se adelantaban sobre la parapolítica.
Escándalo internacional
El alcance del escándalo que aunque se ha hecho conocer a nivel internacional, solo ha indignado modestamente a la opinión pública en el país, propició que la Embajada de Estados Unidos en Colombia interrumpiera la ayuda en equipos que le de al DAS, por temor a “que se le den malos usos”, según lo explicó el embajador William Browfield.
Como si fuera poco el periodista Morris entrevistó a un agente del DAS, quien dio a conocer en la última emisión de su programa Contravía, que las ordenes para intervenir comunicaciones habrían alcanzado también las embajadas de Ecuador, Venezuela y Cuba en el país, y que el entonces Ministro de Defensa y hoy candidato presidencial del partido de la U, Juan Manuel Santos, conocía de esos hechos. La campaña por supuesto negó tal vinculación, aunque la Fiscalía añadió las denuncias a todo el expediente.
El candidato liberal de la actual contienda presidencial, Rafael Pardo, quien también hace parte de la lista de los chuzados, le envió un derecho de petición al Fiscal General de la Nación en el que le advierte que si la justicia nacional no funciona, acudirá a la Corte Penal Internacional.
¿Será ese el camino que le queda a Colombia, para encontrar a los culpables intelectuales de esta persecución? Ojalá sea la misma justicia nacional la que de respuestas y condenas a estos innombrables abusos.
