Uno de los hechos más notables del primer año del gobierno del presidente colombiano Juan Manuel Santos ha sido su impetuoso interés por destapar escándalos de corrupción en las oficinas del Estado. En poco tiempo, Santos—que se posesionó el 7 de agosto de 2010—ha desenmascarado multi-millonarios desfalcos a las arcas públicas y ha puesto en evidencia sofisticadas redes de fraude que involucran a empresas privadas con altos funcionarios del gobierno, ex-funcionarios y mandatarios locales.
Para demostrar que esta batalla está muy arriba en la lista de sus prioridades, Santos ha salido a los medios en tono solemne a anunciar operaciones anti-corrupción de gran calado. Los anuncios se han vuelto tan frecuentes que a la prensa le queda poco tiempo para asimilar un caso cuando ya sus titulares apuntan hacia otro nuevo.
Hace apenas dos semanas, el 12 de julio, el Presidente Santos, acompañado de la Fiscal General de la Nación y el comandante de la Policía Nacional, reveló un millonario desfalco a las arcas públicas en la DIAN, la oficina nacional de recaudo de impuestos. 17 personas enfrentan cargos por el robo, desde 2004, de cerca de 1 billón de pesos (unos 568 millones de dólares), en devoluciones fraudulentas del impuesto a las ventas, IVA. “Este es apenas un bracito de un gran pulpo,” dijo Santos.
El 2 de mayo, el presidente, en otra puesta en escena similar, anunció el primer gran golpe contra una anillo de corrupción en el sistema público de salud, en el que se detectó que cerca de 600.000 millones de pesos anuales (unos 340 millones de dólares) habían sido robados o pagados de manera fraudulenta a contratistas privados por servicios de salud que nunca fueron realizados o por medicamentos que nunca fueron suministrados a los pacientes.
Esos dos casos se sumaron a otros en la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), la oficina encargada de administrar los bienes incautados a los narcos; en Ingeominas, encargada de entregar los títulos que dan derecho a la explotación a grandes multinacionales mineras y pequeños mineros; y en el INCO, encargada de otorgar jugosos contratos a firmas privadas para la construcción de vías.
Otros tres casos de gran impacto estarían en la mira, según algunas fuentes del gobierno.
Atacar a los corruptos es una tarea urgente en un país cuyo crecimiento económico apunta hacia el milagro pero cuyo desarrollo institucional sigue siendo una tragedia, haciéndolo altamente vulnerable a la corrupción. Colombia aparece en el puesto 78 entre 178 en el índice general de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. En una escala de 0 a 10, donde 0 es “altamente corrupto,” Colombia obtuvo una calificación de 3.5.
Pero, ¿es el ímpetu de Santos por destapar “ollas podridas” nada más que una lección de buen gobierno en acción? Tal vez así sea, pero no se pueden perder de vista tres efectos invisibles que esta batalla le aporta su estrategia política
1) Deslegitimar la presión de Uribe
Desde que empezó su mandato, Santos ha tenido que capotear con elegancia las interferencias (y algunos dirían el saboteo) de su antecesor, Álvaro Uribe. El ex-presidente resiente que Santos—antiguo subalterno—lo ha traicionado dándoles la mano a sus peores enemigos. Por ejemplo, Santos llamó al presidente venezolano Hugo Chávez “su nuevo mejor amigo” y restableció las desvencijadas relaciones con Venezuela; firmó las paces con las Corte Suprema de Justicia, a la que Uribe atacó sin cuartel por las investigaciones judiciales contra su círculo de aliados; y nombró en su gabinete a enconados críticos de su gestión.
Diciéndolo sin decirlo, los escándalos de corrupción que ha destapado Santos involucran a funcionarios nombrados por Uribe o sus ministros, lo que ha deteriorado la imagen del ex presidente ante la opinión pública. Con esto, Santos ha logrado bajarles el volumen a las críticas de Uribe y le ha quitado autoridad para criticar las decisiones del nuevo gobierno.
2) Un nuevo mejor enemigo
Como combativo y protagónico Ministro de Defensa—su último y más sólido peldaño hacia la presidencia—Santos aprendió a apreciar el reconocimiento popular que típicamente tiene el éxito en las batallas contra el enemigo, cualquiera que sea. Los golpes mortales que le propinó a las FARC como ministro y la cinematográfica e improbable liberación de Ingrid Betancourt, fueron su último as para conquistar a los electores.
A medida que el campo de batalla con las FARC se estrecha, Santos escogió la corrupción como su nuevo enemigo. Ya trasladó la jerga militar a este nuevo frente: los corruptos son ahora “objetivos de alto valor”, y las redes de corrupción las ha equiparado con “verdaderas mafias.”
Pero no sólo en el discurso Santos ha invocado a las tropas. La base para las investigaciones que han desvertebrado algunos de estos anillos de corrupción la ha aportado un discreto cuerpo élite de medio centenar de oficiales de inteligencia e investigadores de distintas fuerzas dirigidos por un coronel de la policía. La idea de Santos es replicar los éxitos que estos mismos esquemas han dado en la persecución de grande narcotraficantes y en el rastreo de sus fortunas (como el caso de alias “Don Diego”) al terreno de los grandes corruptos. Este grupo especializado ha recibido entrenamiento de agencias de seguridad extranjeras, en particular del gobierno británico.
3) Ponerse los guantes blancos
Apuntar con el dedo hacia funcionarios corruptos de la administración pasada es un viejo truco para engalanar con un traje de transparencia y honradez a los nuevos funcionarios. De esta manera Santos ha logrado diluir la atención sobre actuaciones cuestionables de algunos de sus funcionarios, como por ejemplo los presuntos conflictos de intereses de al menos dos ministros con la empresa Saludcoop, intervenida por desfalcos a dineros de la salud. O las denuncias de malos manejos en las multi-millonarias partidas entregadas a los departamentos para ayudar a las víctimas de las inundaciones, una de las mayores calamidades en la historia reciente del país.
Los escándalos destapados por el equipo de Santos se suman a al menos otros dos importantes procesos que habían sido revelados antes por la prensa y la oposición, como el de Agro Ingreso Seguro, un programa de subsidios a campesinos del gobierno Uribe que fue desviado hacia grandes hacendados y el del “carrusel” de comisiones y contratos en Bogotá que tiene a un paso de la cárcel al alcalde de la capital, Samuel Moreno.
Con tantos escándalos de corrupción copando titulares en la prensa, los colombianos sienten que al país se lo está comiendo una mala hierba. Nada más propicio para que el presidente asuma el papel de un implacable jardinero.
Lorenzo Morales es bloguero colaborador de AQ Online. Lorenzo Morales es profesor en el Centro de Estudios de Periodismo de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Además, está financiado por el Pulitzer Center on Crisis Reporting para hacer periodismo en torno a la industria minera en Colombia.